A largo plazo… las pensiones | Segunda Parte

En la entrega anterior, "Expectativas de futuro de las pensiones |Primera parte" adelantábamos unas cuantas ideas sobre el futuro de las pensiones, incidiendo sobre algunos de los problemas que afronta el sistema, fundamentalmente a partir de la productividad de la economía española y, en particular, conforme al reto demográfico que representan la mayor longevidad de las generaciones actuales (y futuras) y unas tasas de natalidad muy alejadas de niveles óptimos.

En un ámbito estrictamente centrado en el ahorro, debemos tomar conciencia de que los ciudadanos han de llevar a cabo su planificación financiera a medio y largo plazo estableciendo hábitos de ahorro financiero ligados a su día a día durante todo el año.

No olvidemos que las tasas de ahorro sobre la renta disponible que registra nuestra economía son modestas y se alejan de la media europea.

Según los datos de Eurostat para 2018, la tasa de ahorro española se sitúa en mínimos históricos, por debajo del 5%, frente al 12,3% de la media comunitaria. 

Estas cuestiones deben abordarse de forma pragmática y lejos de enfoques políticos cortoplacistas. El diseño de las políticas públicas debe acometer mejoras en las tasas de ahorro, especialmente en previsión de las amenazas macroeconómicas que se vislumbran en el horizonte.

Como hemos venido señalando, la evolución de la tasa de ahorro queda claramente comprometida por la evolución de la productividad de nuestra economía. El proceso de automatización pone de manifiesto una realidad imparable: el desempleo tecnológico supone un importante reto para el estado del bienestar.

Ante estas cuestiones, se abre un interesante debate sobre una imposición tributaria especial (erróneamente denominada cotización de los robots) a los bienes de equipo que pueden sustituir el trabajo de personas, con sus efectos negativos sobre el desarrollo tecnológico al frenar la evolución de la formación bruta de capital fijo (FBCF).

Pese a ello, no debemos obviar el riesgo que la desigualdad representa para el crecimiento a largo plazo, por cuanto también se plantea en el debate público la experimentación con una renta básica que suponga un mecanismo contingente capaz de afrontar la lenta y dificultosa reconversión de perfiles curriculares en este contexto de disrupción tecnológica.

En paralelo a estos debates de futuro sobre el diseño de las políticas de industrialización y redistribución de renta, debemos recordar que, desde la crisis de 2007, el sistema español registró una importante salida neta de inmigrantes. Por otro lado, la esperanza de vida no hace más que avanzar. Podemos concentrar su evolución en torno a una sencilla idea fuerza: cada 24 horas transcurridas, la esperanza de vida aumenta cinco horas adicionales. El lector podrá inferir con gran facilidad que esta ecuación fracasa a largo plazo.

Si nos remontamos a los tiempos de Otto von Bismarck, en 1889, la edad de jubilación se fijó a los 65 años. Como consecuencia de la longevidad, esta edad equivaldría a los 91 años en nuestros días. La solución no pasa por prolongar la edad de jubilación como mecanismo único de avance, sino que el ámbito de actuación supone iniciar un debate que permita equilibrar el sistema de pensiones y asegurar su supervivencia.

La longevidad y las bajas tasas de natalidad de nuestro país son cruciales para comprender el futuro del sistema de pensiones. El reto demográfico y el problema de competitividad ofrecen un ámbito de actuación que oscila entre dos puntos: por un lado, el punto extremo viene representado por el incremento progresivo del poder adquisitivo de las pensiones actuales y futuras. Por otro, en el extremo opuesto, se plantea la opción de limitar las mejoras adicionales de las pensiones actuales y, en particular, tender hacia un fuerte decaimiento del poder adquisitivo de las pensiones futuras.

La sociedad debe situarse en una posición intermedia entre ambos puntos extremos, asumiendo un conjunto de problemas subyacentes: las dificultades seculares de nuestra economía para generar empleo de calidad, las reformas estructurales pendientes y las limitaciones observadas en la mejora continuada de la productividad española.

El consenso social debe posibilitar la identificación del modo en que resulta aceptable financiar el desequilibrio del sistema público de pensiones, eligiendo entre transferir el riesgo demográfico y de longevidad a las generaciones futuras o someter hoy las pensiones más bajas a una situación de inequidad.

En definitiva, el debate en la agenda pública debe pivotar entre incrementar las pensiones actuales y las inmediatamente posteriores mediante un aumento de la presión impositiva aplicable a las generaciones futuras o, en el extremo contrario, lastrar en las próximas décadas el poder adquisitivo de los nuevos miembros perceptores del sistema.

Se trata de un problema de solidaridad inter e intrageneracional. El debate público debe iniciarse en el mundo académico, pero su desarrollo debe producirse en el dominio de la sociedad civil, centrándose en el futuro y alejándose de sesgos ideológicos y partidistas.

Algunas líneas complementarias pasan por llevar a cabo una transformación progresiva del sistema de pensiones, conduciéndolo desde el sistema de reparto actual a un sistema futuro de tipo mixto o, incluso, de capitalización pura.

Como ya se ha expuesto, el ejemplo que representa el sistema sueco de cuentas nocionales (individuales) resulta de gran interés, pues el sistema nocional es más transparente y otorga grados adicionales de sostenibilidad al sistema. En su caso, la idea de las cuentas individuales debería construirse desde un espíritu de transición progresiva, de modo que no llegue a perjudicar a los pensionistas actuales ni a aquellos cotizantes que cuentan con una vida laboral avanzada y se encuentran próximos a la jubilación.

La reforma del sistema debería permitir mejorar el conocimiento en torno a la pensión estimada de un cotizante a partir de parámetros dinámicos como la esperanza de vida, los ingresos y gastos estimados del sistema, el saldo nocional individual de cada persona o la evolución de la tasa de inflación de nuestra economía.

Si tomamos como marco referencial el modelo sueco desarrollado hace ahora dos décadas, podemos afirmar que el ambicioso reto que representa una transformación del sistema de pensiones supondrá encontrar en nuestro país la conjunción de aquellos factores que supusieron el éxito en Suecia, entre ellos una disciplina de trabajo basada en el esfuerzo intelectual surgido del espíritu de consenso y con la participación de líderes políticos responsables que sean capaces de aproximar posiciones diversas y enfrentadas.

A la espera de ver avances en el debate público sobre el futuro de las pensiones, encontramos numerosos instrumentos privados de ahorro tales como fondos de inversión o fondos de pensiones, hipotecas inversas o activos financieros cuyo subyacente se expresa en términos de renta fija, mixta o variable.

La solución al problema de las pensiones en España será aquella que la ciudadanía decida por consenso. En todo caso, transformar y mejorar nuestro modelo productivo permitirá aumentar nuestra competitividad y crear empleo de calidad. Su impacto sobre los salarios, las aportaciones al sistema, la renta per capita y las pensiones futuras resulta hoy más necesario que nunca.

El futuro se escribe ahora. Es responsabilidad de todos los agentes afrontar los retos que dibujarán las pensiones y la equidad del futuro.