Aunque en la historia se han logrado retos que en aquel entonces parecían utópicos, el siglo XXI sigue todavía caracterizado por obvias diferencias tanto sociales como económicas.
Como se comenta en la sesión On the Edge, la desigualdad es algo que no se puede ni ver ni tocar: tiene raíces muy profundas y lejanas de nuestro tiempo, desconociéndose su verdadero origen.
En un océano de tanta incertidumbre, los datos hablan claramente: en España, el 26,4 % de la población está en riesgo de verse en una situación de pobreza, y el 9,5 % sufre ya el grado más intenso de la escasez, lo que se conoce como “pobreza severa” (RTVE, 2021).
Por si fuera poco, no cabe duda de que la pandemia ha provocado un aumento sin precedentes en los niveles de pobreza en las últimas décadas, que impacta fuertemente en la desigualdad y el empleo. De hecho, en su nuevo informe anual, la CEPAL afirma que, solo en el año 2020, el total de personas desfavorecidas incrementó en 22 millones con respecto al año anterior, creándose por otro lado un nuevo Estado de bienestar (CEPAL, 2021).
Tal y como se comenta en la sesión, la desigualdad está constantemente presente en la educación, en la brecha de género y en la sanidad, teniendo como base evidencias y datos que no se pueden cuestionar.
En consecuencia, además de asumir esta triste realidad, es importante preguntarse sobre el origen del problema, pensando en soluciones que podrían reducir la desigualdad en cada uno de los sectores.
Es cierto que implementar políticas de desarrollo para la igualdad es el primer paso que cada Gobierno podría dar, garantizando en primer lugar pares oportunidades a todos los ciudadanos, a pesar de su situación económica.
Como se subraya más veces en la sesión, la educación podría ser en abstracto un medio clave para disminuir la desigualdad, tanto a nivel familiar como institucional, pero: ¿quién juega el papel más importante? ¿la familia o las instituciones?
Por un lado, tal y como se recomienda en la ODS número 10 de la ONU, sería verdaderamente necesario respetar y cumplir con las metas fijadas para el año 2030, con el fin de fomentar la inclusión social, política y económica de todos los individuos, así como garantizar la igualdad
de oportunidades y reducir la desigualdad. Por otro lado, las instituciones deberían invertir cada vez más en la educación y en la sanidad pública para implementar el cambio tan esperado.
Para concluir, cabe destacar que, aunque la desigualdad sea un fenómeno hasta cierto punto inevitable en las economías modernas, la evidencia empírica más reciente recomienda que disminuirla, sobre todo en la parte baja de la distribución, sería positivo no solo en términos de justicia social sino también en términos de crecimiento económico (CaixaBank, 2020).