El pacto social, durante los últimos siglos y en la sociedad de hoy en día, puede definirse como un acuerdo entre las personas por el cual renuncian a una parte de su libertad con el objetivo de conformar el Estado y lograr el bien común. Este contrato se realiza entre el Gobierno y las patronales o sindicatos que velan por reducir la conflictividad laboral y mejorar los salarios de los trabajadores. Según sostiene uno de los filósofos que más han trabajado sobre este concepto, Jean-Jacques Rousseau, se busca conseguir la igualdad de las personas a través de Estados formados por un acuerdo que definan sus derechos y deberes. Este pacto, por lo tanto, venía a decir que quien siga las normas progresará, logrará estabilidad y tendrá tranquilidad en la vida.
Sin embargo, se hace evidente la complicidad para llegar a acuerdos políticos, económicos, sociales y legales en nuestra sociedad. No encontramos figuras de liderazgo comunes a todos, o al menos, no a la gran mayoría de la población.
Nuestros dirigentes y representantes políticos no centran la atención en los problemas reales de la sociedad, se centran en sus discrepancias ideológicas y en las malas obras de la oposición, en lugar de poner en el foco de sus programas a las personas y las necesidades que estas tienen. Además, los sindicatos actualmente velan más por un mercado laboral basado en el socialismo en lugar de basarse en la meritocracia y el esfuerzo.
Podemos por lo tanto decir que precisamos incorporar un nuevo pacto social en el que se integren las carencias que no se han contemplado hasta ahora. En dicho nuevo contrato social ya no solo encontraremos tres agentes involucrados (sociedad, sindicatos y Estado), sino que las empresas o compañías asumirán un papel crucial.
Los roles de cada uno deben estar claramente definidos además de bien cohesionados con el resto de agentes. La sociedad y las patronales tendrán que luchar juntos por sus derechos, las empresas deben potenciar la economía nacional e incentivar el empleo y la competitividad en el mercado. En cuanto al Gobierno, debe hacer la mejor política para el pueblo y ser un facilitador de oportunidades para la economía.
El nuevo acuerdo debe centrarse en la sostenibilidad de todos los aspectos que conforman un país y deben ser los ciudadanos quienes deben transmitir sus inquietudes, deseos y necesidades a los organismos gubernamentales. Las demandas expuestas por el pueblo serán los aspectos que más deben trabajar, tanto el Gobierno como las empresas como los sindicatos, en cubrir y suplir.
Por todo ello, cabe afirmar que el poder del nuevo pacto social depende de las personas, del pueblo, y que si los organismos involucrados en el acuerdo no escuchan sus demandas no deben formar parte del contrato. Como ya hemos mencionado, las personas deben estar en el centro de todas las decisiones y propuestas, se debe velar por su bienestar y por la sostenibilidad de aspectos imprescindibles como son la educación, la sanidad, el medio ambiente, el mercado laboral, el bienestar de las familias o la distribución de la riqueza basada en el trabajo.