¿Qué es el whistleblowing o canal de denuncias?

En el entorno empresarial y público actual, la transparencia y la ética se han convertido en pilares fundamentales. Conceptos como whistleblowing y la implementación de un canal de denuncias ya no son una opción, sino una necesidad y, en muchos casos, una obligación legal. 

Empecemos por el principio. El término inglés whistleblowing (denunciar) se refiere al acto de un ciudadano o trabajador de exponer información sobre actividades ilícitas, irregulares o poco éticas que ocurren dentro de una organización, ya sea pública o privada. La persona que realiza esta acción es conocida como whistleblower o alertador. 

Entonces, ¿qué es un canal de denuncias? Un canal de denuncias es la herramienta segura y confidencial que las empresas y entidades públicas habilitan para que los empleados, proveedores, clientes o cualquier persona vinculada con ellas pueda comunicar esas irregularidades. Es el medio oficial que garantiza que la información del denunciante será recibida, gestionada y protegida de forma adecuada. 

¿Para qué sirve un canal de denuncias? 

La función principal de un canal de denuncias va más allá de ser un simple buzón de quejas. Su propósito es estratégico y fundamental para la salud de una organización: 

• Prevenir delitos y fraudes: Permite detectar a tiempo conductas como la corrupción, el acoso, el fraude financiero, el blanqueo de capitales o las infracciones medioambientales. 
• Fomentar una cultura ética: Promueve un ambiente de transparencia e integridad, donde los comportamientos ilícitos no se toleran. 
• Proteger a la empresa: Al detectar problemas de forma interna, la organización puede tomar medidas correctivas antes de que se incrementen, evitando así sanciones legales, multas millonarias y un grave daño a su reputación. 
• Cumplir con la legalidad: En España y toda la Unión Europea, la Ley 2/2023 obliga a un gran número de empresas y a todo el sector público a disponer de un canal de denuncias. 

¿Cómo funciona el canal de denuncias? 

El funcionamiento de un canal de denuncias debe seguir un proceso claro y garantista para ser efectivo. Aunque los detalles pueden variar, el flujo general es el siguiente: 

1. Recepción de la denuncia: El alertador presenta la información a través del sistema habilitado (software online, correo electrónico, línea telefónica, etc.). En esta fase se le asigna un código de seguimiento. 
2. Acuse de recibo: El sistema debe confirmar la recepción de la denuncia al informante en un plazo máximo de siete días. 
3. Análisis y admisión a trámite: Un gestor independiente y cualificado evalúa si la denuncia tiene fundamento y si los hechos descritos se encuentran en el ámbito de aplicación de la ley. 
4. Fase de investigación: Si se admite, se inicia una investigación interna para verificar los hechos. Durante este proceso se garantiza la confidencialidad de todas las partes implicadas. 
5. Resolución: La investigación concluye con un informe que detalla los hallazgos y propone, si es necesario, medidas disciplinarias o legales. El plazo máximo para resolver la cuestión no debe superar los tres meses (ampliable en casos complejos). 
6. Comunicación al informante: Se notifica al denunciante el resultado de la investigación. 

¿Qué tipos de canales de denuncias existen? 

Los canales de denuncia se pueden clasificar según su naturaleza y su ubicación. 

Según su naturaleza 

• Canales internos: Son los gestionados por la propia empresa u organización. La ley prioriza el uso de estos canales para resolver las incidencias «en casa». 
• Canales externos: Son las vías de denuncia que ofrecen las autoridades competentes, como la Autoridad Independiente de Protección del Informante (A. A. I.) u otros organismos autonómicos. 

Según el medio utilizado 

• Software especializado: Es la opción más recomendada. Son plataformas online que garantizan la seguridad, el anonimato y la gestión integral del proceso. 
• Correo electrónico o postal: Son métodos más tradicionales, que pueden presentar brechas de seguridad y dificultar la gestión. 
• Línea telefónica: Puede incluir un buzón de voz para registrar las denuncias verbalmente. 
• Reunión presencial: El denunciante puede solicitar una reunión cara a cara con el gestor del canal. 

¿Quién debe tener un canal de denuncias obligatorio? 

Esta es una de las preguntas más importantes. Según la Ley 2/2023, que transpone la Directiva Europea de Whistleblowing, están obligados a tener un canal de denuncias: 

• Todas las empresas con 50 o más trabajadores. 
• Las empresas de cualquier tamaño que operen en sectores de alto riesgo (servicios financieros, prevención de blanqueo de capitales, seguridad del transporte, protección del medio ambiente…). 
• Los partidos políticos, los sindicatos, las patronales y las fundaciones que reciban fondos públicos. 
• Todo el sector público sin excepción (los Ayuntamientos, las diputaciones, los gobiernos autonómicos, las universidades, los hospitales públicos, etc.). 

Las empresas de 249 o menos trabajadores y los municipios de menos de 10.000 habitantes tuvieron un plazo extendido, pero desde el 1 de diciembre de 2023 todas las entidades mencionadas ya deben tener su canal plenamente operativo. 

Confidencialidad y anonimato: la clave del sistema 

Para que un canal funcione, los denunciantes deben confiar en él. La ley pone énfasis en dos conceptos clave: 

• Confidencialidad: La identidad del informante y de cualquier persona mencionada en la denuncia debe ser mantenida en secreto. Solo el gestor del canal puede conocerla y si es necesario para la investigación. 
• Anonimato: El sistema debe permitir realizar denuncias de forma completamente anónima si el informante así lo desea. Esto significa que puede comunicar los hechos sin proporcionar ningún dato personal. 

Incumplir estas garantías y revelar la identidad de un denunciante o tomar represalias contra él (despidos, degradaciones, etc.) conlleva sanciones muy graves. 

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